Brasil anuncia compra de 36 cazas Gripen NG suecos por unos US$4.500 millones

Caza Gripen NG
Image caption El caso del espionaje estadounidense a Brasil puede haber influido en la decisión.

Brasil eligió a la empresa sueca Saab para renovar su flota de aviones de combate con la compra de 36 cazas Gripen NG, un negocio de unos US$4.500 millones por el que también competían Estados Unidos y Francia.

La decisión fue anunciada este miércoles por el ministro brasileño de Defensa, Celso Amorim, en el desenlace de un proceso que el país sudamericano analiza desde hace años para ampliar su poderío militar.

Aunque Amorim aclaró que el contrato de compra aún debe ser negociado, está previsto que junto con los aviones Saab transfiera tecnología a Brasil para poder fabricar al menos parcialmente los cazas, un punto que el país había señalado como determinante.

Definidos por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) como la "aeronave de combate más avanzada del mundo", los cazas Gripen competían por el contrato brasileño con el modelo Rafale francés (de Dassault) y el F/A18 Super Hornet estadounidense (de Boeing).

Medios brasileños informaron que la decisión fue tomada por la presidenta Dilma Rousseff y que las revelaciones de este año sobre espionaje estadounidense a Brasil enfriaron las posibilidades que tenía Boeing de quedarse con el negocio.

En 2009, el entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó preferencia por los Rafale debido a la transferencia de tecnología que ofrecía Francia. Pero un informe de la FAB señaló a los cazas suecos como mejor opción y abrió una polémica.

Con los nuevos cazas, Brasil sustituirá su flota de aviones de combate Mirage 2000 que llegan a su hora de retiro y ampliará su capacidad de defensa y protección de recursos naturales, consolidando su estatus de líder regional.

Brasil anunció su intención de renovar su flota de cazas en 1995 durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero el programa fue cancelado y relanzado por el gobierno de Lula, y la decisión final había sido aplazada por Rousseff ante las limitaciones económicas y fiscales del país.