La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entra en su último capítulo

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Image caption Petro agotó todas las instancias legales en Colombia, pero se aferra al fallo de la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en la noche del martes a Colombia que suspenda "inmediatamente" la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue inhabilitado en diciembre pasado por la Procuraduría General de la República.

El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) le solicitó al gobierno colombiano en un documento de 11 páginas que Petro siga al frente de la alcaldía "a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos políticos".

Ante este fallo, queda por saber ahora si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos acatará la determinación del organismo interamericano.

"La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la siguiente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica", agrega el fallo de la Comisión.

Según este organismo, "tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho" presentadas por los defensores del alcalde en diciembre pasado, la Comisión considera que "los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia".

El documento en el que la CIDH concede medidas cautelares al alcalde de Bogotá se conoció sólo horas después de que el Consejo de Estado de Colombia desestimase las acciones de tutela (recursos de amparo) interpuestas por el alcalde para suspender su destitución e inhabilitación por 15 años.

La decisión echaba hasta entonces por tierra los recursos legales que hasta ahora habían impedido la ejecución de la polémica sanción en contra del alcalde bogotano.

Última traba en Colombia

Según varios juristas, eso significaba que el presidente de la República tendría diez días a partir del momento en que se formalice la sentencia para ordenar la destitución del burgomaestre.

El alcalde, un exguerillero desmovilizado que terminó convirtiéndose en uno de los referentes de la izquierda colombiana, consideró que esa medida tenía motivaciones políticas y vulneraba sus derechos, así como los de los ciudadanos que votaron por él.

El de la vulneración de los derechos de los electores también fue, de hecho, el principal argumento de los recursos de tutelas,que en su momento impidieron que se ejecutara la sanción de la Procuraduría, un total de 23 interpuestas por diferentes ciudadanos.

Pero el Consejo de Estado determinó que terceras personas no estaban habilitadas para recurrir en contra de un fallo disciplinario como el de la Procuraduría, además de concluir que la tutela tampoco era el recurso legal adecuado.

Según el tribunal, el alcalde debería haber recurrido en contra de la sanción de la Procuraduría haciendo uso de otra figura legal: una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero los asesores de Petro descartaron esa posibilidad, por considerar que los plazos propios de ese tipo de procesos no lograrían impedir la salida del alcalde del cargo, por lo que sus derechos quedarían irremediablemente vulnerados.

Pero la situación para el alcalde de la ciudad se volteó en sólo unas horas con la solicitud de la CIDH.

De la resignación a la esperanza

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Image caption Petro convocó a sus seguidores a celebrar la decisión de la CIDH este miércoles.

En un primer momento, al declarar agotadas las instancias locales, Petro reaccionó con igual cantidad de resignación que de esperanza.

"Aunque sé que hay tristeza en todos los corazones democráticos de Colombia, la lucha por la Paz y la Democracia continúa. Fuerza", escribió el alcalde en su cuenta de Twitter en sus primeras reacciones a la decisión del Consejo de Estado.

"Quiero que Bogotá no pierda el optimismo. Tengan la seguridad que NO pasarán. Tranquilidad y fuerza", dijo en otro mensaje.

Para entonces, los abogados y los partidarios del burgomaestre también se mostraban esperanzados con la entrada en juego de la Comisión Interamericana, donde Petro había presentado un recurso de medidas cautelares el pasado mes de diciembre.

La primera reacción del alcalde tras conocer la solicitud de la comisión, fue invitar a sus seguidores a celebrar este miércoles en las calles.

"Mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar", escribió en su cuenta de Twitter.

Con las decisiones de este martes se terminó de escribir un importante capítulo de la saga político legal que afecta a Bogotá desde diciembre del año pasado.

Sin embargo, el corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, Arturo Wallace, señala que no está claro si el gobierno colombiano aceptará o no las medidas cautelares a favor de Petro ordenadas por la CIDH.

Por lo pronto, indica, la decisión del Consejo de Estado volvió a poner en duda la realización del referendo revocatorio que parecía iba a decidir el futuro político del alcalde.

El referendo, convocado por los opositores de Petro, estaba previsto a tener lugar el próximo seis de abril. Pero si el alcalde fuera destituido antes, la Registraduría tendría que cancelarlo.

"El caso Petro, sin embargo, ha estado tan lleno de sorpresas, que nada puede descartarse. Y todavía habrá que esperar a ver como reaccionan las calles", afirma Wallace.

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