Juez declara inconstitucional la pena de muerte en California

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Image caption Esta sería la primera vez que se declara inconstitucional la pena de muerte en California.

Un juez federal del Condado de Orange decretó que la pena de muerte en California, Estados Unidos, viola la prohibición constitucional sobre castigos crueles o inusuales.

El magistrado Cormac J. Carney consideró que la manera en la que ese estado aplica la pena de muerte conlleva excesivos retrasos y deja a los condenados en un estado de incertidumbre.

En la resolución que emitió en el caso de Dewayne Jones, quien fue condenado a morir hace más de dos décadas por violar y matar a la madre de su novia, el juez Carney destacó que desde 1978 más de 900 personas han sido condenadas a la pena capital en California y sólo 13 han sido ejecutadas.

"Para el resto, la administración disfuncional del sistema de la pena de muerte en California ha resultado y continuará resultando en un periodo de retraso desordenado e impredecible previo a su ejecución", dijo el magistrado.

El juez -quien fue nombrado en su cargo en 2003 por el entonces presidente George W. Bush- aseguró que los retrasos han creado un sistema en el que "factores arbitrarios, más que factores legítimos, como la naturaleza del crimen o la fecha de la sentencia, determinan si un individuo será ejecutado".

"Incertidumbre total"

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Image caption Desde 2006 ningún preso ha sido sometido a la pena capital en California.

Al revocar la condena de muerte de Dewayne Jones -en una decisión que puede ser recurrida frente a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito- Carney señaló que el preso enfrentaba "una incertidumbre total" sobre si iba a ser ejecutado.

Activistas han señalado que esta es la primera vez que un juez declara inconstitucional el actual sistema de pena de muerte de California, un estado en el que más de 700 personas están esperando a ser ejecutadas en el corredor de la muerte.

Desde 2006 ningún preso ha sido sometido a la pena capital en California, después de que un magistrado de San José paralizara la ejecución de un condenado por asesinato, debido a su preocupación por las condiciones en la administración de la inyección letal.

Tras la resolución de ese juez, quien consideró que los procedimientos aplicados por los funcionarios de prisiones para suministrar la inyección presentaban un riesgo excesivo de que el condenado sufriera dolor extremo, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California construyó una nueva sala de ejecuciones en la prisión de San Quintín.

Al mismo tiempo, están redactando una nueva serie de regulaciones para la administración de la inyección.

Un nuevo juez federal se hizo cargo de ese caso y todavía no ha dictaminado si los cambios introducidos son suficientes como para reanudar las ejecuciones.

La administración de la inyección letal ha causado polémica en EE.UU. en los últimos meses, después de que un preso de Oklahoma tardara 43 minutos en morir.

Tras conocerse este caso, el presidente Barack Obama pidió que se hiciera una revisión de los problemas que enfrenta la aplicación de la pena de muerte en su país.

"Decisión importante"

Según le explicó a la BBC Lara Bazelon, del Proyecto para los Inocentes de la Escuela de Leyes Loyola de Los Ángeles, el dictamen del juez Carney dado a conocer este miércoles podría impactar a las 748 personas que se encuentran en el corredor de la muerte en California.

"Es una decisión importante. No invalida la pena de muerte en los otros 49 estados, ya que es específica para California. Pese a ello, es una decisión clave ya que determina que California viola la Constitución federal", aseguró Bazelon.

La experta señaló que cree que este caso llegará a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito e incluso a la Corte Suprema de EE.UU.

Además, según Bazelon, pese a que los californianos se expresaron en referéndum en contra de la abolición de la pena de muerte en 2012, esta decisión podría tener implicaciones de cara al futuro, ya que la emitió un juez federal, "cuya potestad está por encima de la voluntad de los votantes".

El hecho de que se trate de un magistrado conservador nombrado por el expresidente Bush haría también, en opinión de Bazelon, que este caso pueda tener una mayor repercusión.

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